Las elecciones legislativas estadounidenses del pasado 3 de noviembre han supuesto una importante derrota para Donald Trump. Los demócratas han recuperado el control de ambas cámaras del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, en unos comicios que han funcionado como un claro voto de desaprobación hacia la Administración republicana. El resultado modifica el equilibrio de poder en Washington y abre una nueva etapa de confrontación entre la Casa Blanca y el poder legislativo. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto este cambio de mayorías puede traducirse en una transformación efectiva de la política exterior estadounidense.
La pregunta no es menor. En un escenario internacional marcado por la competencia entre grandes potencias, las tensiones comerciales, la disputa por los recursos estratégicos y el cuestionamiento de las alianzas tradicionales, Estados Unidos continúa defendiendo una serie de intereses que, en numerosas ocasiones, trascienden las diferencias entre republicanos y demócratas. Los discursos cambian, las prioridades se reformulan y los procedimientos pueden experimentar modificaciones sustanciales, pero determinadas líneas de actuación sobreviven a los cambios de Administración.
En este sentido, resulta inevitable recordar la célebre reflexión de El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie». Una frase que, más allá de su contexto literario, ofrece una interesante perspectiva para examinar la política estadounidense. Porque, en ocasiones, la alternancia democrática modifica los protagonistas y las formas de ejercer el poder sin alterar necesariamente los intereses que lo orientan.
La alternancia política y la continuidad de los intereses
La política exterior de Estados Unidos no puede entenderse únicamente como el resultado de las preferencias ideológicas de quien ocupa la Casa Blanca. También responde a intereses económicos, militares, tecnológicos y geopolíticos que forman parte de una estructura de poder mucho más amplia y que condicionan las decisiones de las distintas Administraciones. La alternancia política puede modificar el discurso, las prioridades y los instrumentos empleados, pero no implica necesariamente una ruptura con las orientaciones estratégicas de fondo.
La historia reciente proporciona ejemplos reveladores. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la Administración de George W. Bush amplió considerablemente las capacidades de vigilancia y recopilación de información del Estado, amparándose en la lucha contra el terrorismo. La aprobación de la Patriot Act y el desarrollo de los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) suscitaron un intenso debate sobre los límites de la seguridad nacional y las libertades individuales. Barack Obama, que durante su etapa como senador había cuestionado algunas de estas prácticas y defendido la necesidad de introducir reformas, no rompió con el modelo heredado al llegar a la Casa Blanca. Su Administración renovó disposiciones de la Patriot Act, promovió en 2012 la prórroga de la FISA Amendments Act y defendió importantes programas de vigilancia de la NSA, incluso después de las revelaciones de Edward Snowden en 2013. Aunque posteriormente impulsó modificaciones legislativas, entre ellas la USA Freedom Act de 2015, que limitó determinados mecanismos de recopilación masiva de metadatos telefónicos, estas reformas no supusieron el desmantelamiento de la arquitectura de vigilancia existente. La seguridad nacional siguió justificando la conservación de facultades que habían sido objeto de controversia durante la Administración republicana anterior. El cambio de partido en el poder no eliminó, por tanto, unas herramientas que la nueva Administración también consideraba necesarias para proteger los intereses del Estado.
Algo parecido puede observarse en la política migratoria. Durante la presidencia de Obama se alcanzaron cifras muy elevadas de deportaciones, lo que llevó a sus críticos a cuestionar la distancia entre su discurso y la aplicación de las políticas de control migratorio. Trump convirtió posteriormente la inmigración en uno de los ejes de su confrontación política, endureciendo el discurso y ampliando determinadas medidas coercitivas. Sin embargo, el aparato institucional de control fronterizo y deportación no nació con él. Existía una estructura previa, desarrollada y utilizada por gobiernos de distinto signo, aunque con diferencias importantes en sus prioridades, criterios de aplicación y prácticas. La continuidad no significa que ambas Administraciones actuaran de la misma manera, sino que ninguna partió de cero ni renunció a los instrumentos de control que ya formaban parte de la política migratoria estadounidense.
Quizá el ejemplo más significativo para comprender esta dinámica sea la política hacia China. El giro estratégico hacia Asia-Pacífico adquirió una dimensión especial durante la Administración Obama, con la estrategia conocida como Pivot to Asia, orientada a reforzar la presencia estadounidense en una región de creciente importancia económica y geopolítica. Sin embargo, fue durante el primer mandato de Donald Trump cuando la rivalidad económica con Pekín adquirió una nueva dimensión, con el inicio en 2018 de una guerra comercial basada en la imposición de aranceles y otras restricciones. Cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca, no desmanteló ese marco de confrontación: mantuvo buena parte de los aranceles heredados y amplió las restricciones tecnológicas, al tiempo que recuperaba alianzas y mecanismos diplomáticos. Con el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025, la presión económica sobre China volvió a intensificarse, dando lugar a una nueva escalada arancelaria y a medidas de represalia por parte de Pekín. Aunque posteriormente se han producido acuerdos y treguas parciales, la competencia estratégica entre ambas potencias continúa siendo una de las principales constantes de la política exterior estadounidense. Las diferencias entre las tres Administraciones fueron importantes, tanto en los instrumentos utilizados como en la relación con los aliados, pero la consideración de China como principal competidor estratégico de Estados Unidos terminó consolidándose como una orientación ampliamente compartida por ambos partidos.
Estos ejemplos no significan que republicanos y demócratas defiendan exactamente las mismas políticas, ni que sus diferencias ideológicas sean irrelevantes. Demuestran algo distinto: existen ámbitos en los que los intereses estratégicos adquieren tal peso que pueden terminar imponiéndose sobre las discrepancias partidistas. Una medida cuestionada desde la oposición puede convertirse, una vez en el Gobierno, en una herramienta que la nueva Administración considera demasiado útil para renunciar a ella. No se trata únicamente de una contradicción entre discurso y práctica, sino de una continuidad institucional y estratégica que trasciende a los propios presidentes. En determinados ámbitos, cambiar de partido en el poder no significa necesariamente cambiar de rumbo.
Venezuela: entre el cambio político y el control de los recursos
La política de Donald Trump hacia Venezuela constituye uno de los ejemplos más contundentes de la tensión entre discurso, intereses y continuidad estratégica.
La intervención militar estadounidense del 3 de enero de 2026, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para afrontar cargos judiciales, abrió una etapa completamente nueva en las relaciones entre Washington y Caracas. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, asumió la presidencia interina, mientras la Administración estadounidense pasó a desempeñar un papel determinante en la configuración del nuevo escenario político y económico del país.
Más allá de las controversias jurídicas y diplomáticas que rodean la operación, resulta imprescindible examinar sus implicaciones geoeconómicas. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y su posición energética le confiere una relevancia que trasciende ampliamente su dimensión regional. El acceso a estos recursos, las condiciones de explotación y el control de los flujos económicos constituyen elementos centrales para comprender los intereses estadounidenses. Pero también hay que situar esta operación en un contexto de competencia entre potencias: reducir la presencia de actores como China y Rusia en el sector energético venezolano supone reforzar la posición de Washington en un espacio que considera estratégico para su seguridad y su influencia hemisférica.
El acuerdo petrolero anunciado por la Casa Blanca el 31 de agosto de 2026 ilustra hasta qué punto la transformación política venezolana está vinculada a una reordenación de sus relaciones energéticas. Sus términos contemplan concesiones de cien años sobre diecisiete campos petrolíferos a la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP), una participación del 35 % del Departamento de Defensa estadounidense en la sociedad matriz y derechos preferentes de compra sobre una parte sustancial de la producción. La Administración Trump presenta el acuerdo como una oportunidad para asegurar el suministro, atraer inversiones y favorecer la recuperación económica venezolana. Sin embargo, sus condiciones también plantean interrogantes sobre la distribución de los beneficios, la capacidad de decisión del país y el grado de control que ejercerán los intereses estadounidenses sobre sus recursos. Algunos de los aspectos del acuerdo, especialmente su estructura de gobernanza y sus garantías jurídicas, han suscitado ya críticas y dudas sobre sus consecuencias a largo plazo.
Desde la perspectiva de la guerra económica desarrollada por autores como Christian Harbulot, esta operación permite observar cómo el control de los recursos estratégicos puede convertirse en un instrumento de poder y dominación que trasciende la competencia comercial. No se trata únicamente de acceder a petróleo, sino de adquirir capacidad de influencia sobre su explotación, sus circuitos de distribución y las relaciones económicas que se articulan en torno a él. La dimensión militar de la operación y la posterior reordenación del sector energético aparecen así conectadas: la fuerza permite modificar las condiciones políticas sobre el terreno, mientras los acuerdos económicos buscan consolidar las ventajas obtenidas.
Sin embargo, hay una paradoja que merece atención. Pese a la magnitud de la operación y a las expectativas de la Casa Blanca sobre el potencial energético venezolano, la Administración Trump no ha conseguido que esa estrategia se tradujera en una reducción perceptible del precio de los combustibles para los consumidores estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato. Los precios de la gasolina y, especialmente, del diésel se mantuvieron elevados, en un contexto internacional marcado también por la guerra con Irán y la invasión rusa de Ucrania. El encarecimiento de la energía contribuye al malestar económico que reflejaron las urnas, junto con la inflación y el aumento del coste de la vida. El caso pone de manifiesto una distancia significativa entre la obtención de ventajas estratégicas en el exterior y la capacidad de convertirlas en resultados económicos inmediatos en el ámbito doméstico. Controlar o asegurar el acceso a un recurso no equivale necesariamente a abaratarlo de forma inmediata.
En este contexto, la nueva mayoría demócrata en el Congreso tendrá la oportunidad de investigar la operación, cuestionar sus fundamentos jurídicos y examinar los acuerdos económicos alcanzados por la Administración Trump. También podrá exigir explicaciones sobre la gestión de los ingresos petroleros y la falta de claridad que todavía rodea determinados aspectos de la transición política venezolana. Pero hay una cuestión que merece una reflexión más profunda: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Partido Demócrata para revertir una política que, independientemente de los métodos empleados, puede proporcionar ventajas energéticas y geopolíticas a Estados Unidos?
Es perfectamente posible que los demócratas cuestionen la intervención, exijan explicaciones sobre su legalidad y critiquen las condiciones de los acuerdos petroleros sin que ello implique necesariamente una voluntad de renunciar a las ventajas estratégicas obtenidas. Una cosa es cuestionar los procedimientos de una Administración y otra muy distinta abandonar unos intereses económicos y geopolíticos que pueden resultar beneficiosos para el conjunto del país. Se puede cuestionar cómo se ha conseguido algo sin estar necesariamente dispuesto a renunciar a lo conseguido.
La cuestión venezolana plantea, además, un interrogante que no debería quedar relegado a la discusión sobre el futuro de Maduro o de sus sucesores: ¿hasta qué punto un cambio de liderazgo político representa una verdadera transformación de las relaciones de poder? La salida de un gobernante no garantiza por sí misma la recuperación de la soberanía económica ni una mayor capacidad de decisión de la sociedad sobre sus propios recursos.
El cambio de protagonistas no siempre significa un cambio en las condiciones que determinan quién ejerce el poder y quién obtiene sus beneficios.
Groenlandia: los límites de la alianza transatlántica
Si Venezuela permite examinar la relación entre intervención política e intereses energéticos, Groenlandia ofrece otra perspectiva sobre las prioridades estratégicas estadounidenses: la importancia del territorio, el control de espacios geográficos y la seguridad militar.
La insistencia de Donald Trump en incorporar Groenlandia a Estados Unidos, llegando incluso a negarse inicialmente a descartar el uso de la fuerza, provocó una crisis diplomática con Dinamarca y generó una profunda inquietud entre los aliados europeos. No se trataba de una controversia territorial menor. Groenlandia ocupa una posición estratégica en el Ártico, una región cuyo valor geopolítico aumenta a medida que se intensifica la competencia por sus rutas marítimas, sus recursos naturales y sus capacidades militares. En enero de 2026, durante el Foro Económico Mundial de Davos, Trump terminó descartando públicamente el recurso a la fuerza, aunque mantuvo su interés en alcanzar un acuerdo sobre la isla.
Su importancia estratégica responde a varios factores. La posición de Groenlandia resulta fundamental para la vigilancia del Atlántico Norte, los sistemas de alerta temprana y la arquitectura de defensa aeroespacial estadounidense. La base espacial de Pituffik desempeña un papel relevante en estas funciones. A ello se suman sus recursos minerales, incluidos los considerados críticos para determinadas cadenas de suministro tecnológicas, y su ubicación en un espacio donde Rusia y China han incrementado su interés económico y estratégico. El deshielo y la transformación progresiva de las condiciones de navegación añaden otra dimensión a su importancia, al modificar las posibilidades de acceso a determinadas rutas marítimas y recursos naturales.
Las pretensiones de Trump pusieron de manifiesto una contradicción incómoda para Europa: Estados Unidos, principal garante militar de la seguridad transatlántica, estaba dispuesto a ejercer una presión extraordinaria sobre un territorio perteneciente a uno de sus propios aliados. La crisis no solo cuestionaba la relación entre Washington y Copenhague, sino también la confianza sobre la que descansa buena parte de la arquitectura de seguridad europea.
Sin embargo, los acontecimientos posteriores muestran que las tensiones políticas no han impedido avanzar en determinados objetivos estratégicos. El acuerdo de defensa firmado el 22 de septiembre de 2026 entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia amplía las capacidades militares estadounidenses en la isla. El documento permite modernizar y extender las actividades en la base espacial de Pituffik y contempla el establecimiento de dos nuevas áreas de defensa en Narsarsuaq y Mestersvig, cuyos detalles deberán acordarse entre las partes. También amplía los derechos de acceso y movilidad de las fuerzas estadounidenses en el territorio y sus aguas, y establece mecanismos para reforzar la cooperación militar dentro de la OTAN.
El acuerdo incorpora, además, disposiciones destinadas a limitar la presencia militar de Estados que no pertenezcan a la Alianza y determinadas inversiones de países externos a la OTAN y a la Unión Europea cuando puedan comprometer la seguridad o el orden público en sectores sensibles. No se trata de una prohibición general de la inversión extranjera, sino de un mecanismo de control sobre actividades consideradas estratégicamente relevantes. En la práctica, estas disposiciones refuerzan la capacidad de Washington para limitar la influencia de potencias competidoras en un territorio de creciente importancia geopolítica.
El Parlamento groenlandés aprobó el acuerdo el 3 de noviembre de 2026, por dieciséis votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones. Su entrada en vigor queda pendiente de la culminación del procedimiento parlamentario danés, cuya votación está prevista para el 19 de noviembre. El documento reafirma la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés. Sin embargo, contiene una disposición especialmente significativa: no establece una fecha de finalización y prevé que sus obligaciones continúen aplicándose incluso si Groenlandia alcanza la independencia, siempre que el futuro Estado asuma los compromisos contemplados y permanezca en la OTAN.
Este último aspecto merece especial atención. La independencia política de Groenlandia no supondría necesariamente una ruptura con la arquitectura de seguridad establecida por el acuerdo, sino que podría desarrollarse dentro de un marco que garantiza la continuidad de la presencia estratégica estadounidense. Es una muestra de cómo los compromisos de seguridad pueden proyectarse más allá de las actuales estructuras de soberanía. Al mismo tiempo, el documento contempla que los contratos relacionados con las nuevas instalaciones militares se adjudiquen, en la mayor medida posible, a empresas y proveedores groenlandeses, y expresa el compromiso de que la sociedad local obtenga beneficios tangibles de las nuevas áreas de defensa. No obstante, la oposición independentista Naleraq se abstuvo en la votación y cuestionó que el acuerdo ofreciera suficientes garantías de beneficios económicos para la población.
El resultado merece atención. Después de meses de tensiones diplomáticas, amenazas y cuestionamientos sobre la soberanía groenlandesa, Estados Unidos ha conseguido un marco que amplía considerablemente sus posibilidades de actuación militar en la isla y refuerza su capacidad para limitar la presencia de potencias competidoras. No significa que las exigencias iniciales de Trump hayan sido aceptadas ni que las controversias hayan desaparecido. Tampoco debe confundirse el acuerdo con una transferencia de soberanía. Pero sí demuestra que los intereses estratégicos estadounidenses en el Ártico pueden avanzar mediante una negociación que, al mismo tiempo que preserva formalmente la soberanía danesa y el derecho de autodeterminación groenlandés, consolida una posición militar y geopolítica privilegiada para Washington.
Y aquí aparece una cuestión que trasciende la figura de Trump: ¿puede Europa seguir fundamentando su seguridad en una relación transatlántica en la que los intereses estadounidenses pueden llegar a entrar en contradicción con los de sus propios socios?
La tensión sobre Groenlandia no ha surgido de la nada. La dependencia militar europea, las discrepancias sobre el reparto de responsabilidades dentro de la OTAN y la necesidad de desarrollar una mayor autonomía estratégica son cuestiones anteriores a la actual Administración. Trump las ha llevado a un terreno mucho más explícito, pero no ha creado todas las contradicciones que ahora se manifiestan.
Para Europa, el problema no consiste únicamente en gestionar las relaciones con un presidente particularmente imprevisible. Consiste en reconocer que la política exterior estadounidense responde a prioridades nacionales que pueden no coincidir siempre con las europeas, incluso cuando ambos actores comparten instituciones y compromisos de seguridad. La alianza transatlántica sigue siendo fundamental, pero no elimina las asimetrías de poder ni garantiza que los intereses de sus integrantes sean siempre coincidentes.
El Congreso puede limitar a Trump, pero no necesariamente cambiar la estrategia
La victoria demócrata en las elecciones legislativas abre un nuevo escenario político para los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump. A partir de enero de 2027, cuando tome posesión el nuevo Congreso, los demócratas controlarán ambas cámaras y dispondrán de mayores instrumentos para fiscalizar la actuación de la Administración, condicionar sus decisiones presupuestarias y dificultar la aprobación de determinadas iniciativas legislativas. Podrán convocar comparecencias, promover investigaciones parlamentarias, exigir documentación y explicaciones sobre las decisiones del Gobierno y examinar el uso de los recursos públicos, también en el ámbito de la política exterior.
La ayuda internacional será uno de los terrenos en los que estas diferencias pueden hacerse visibles. El cierre de USAID como agencia independiente, junto con la reorganización y los recortes de numerosos programas de cooperación y desarrollo, ha transformado uno de los instrumentos tradicionales de la presencia estadounidense en el exterior. Los demócratas podrán intentar recuperar parte de esa capacidad y establecer mayores garantías para que los fondos aprobados por el Congreso se destinen a los fines previstos, evitando que sean retenidos, modificados o redirigidos por la Administración.
Conviene recordar, no obstante, que la cooperación internacional estadounidense nunca ha respondido exclusivamente a consideraciones humanitarias. También ha constituido un instrumento de influencia diplomática, económica y estratégica. Su financiación ha contribuido a consolidar alianzas, proyectar determinados modelos de desarrollo y mantener la presencia de Washington en regiones de interés. Por eso, el debate sobre su futuro no debería reducirse a una confrontación entre quienes defienden la solidaridad internacional y quienes promueven el repliegue nacional. La cuestión es también qué instrumentos considera necesarios Estados Unidos para preservar su posición global y qué papel está dispuesto a conceder a la cooperación dentro de su estrategia exterior.
En cualquier caso, el control demócrata del Congreso no supone que la Casa Blanca pierda sus atribuciones en política exterior. El presidente conserva amplias competencias ejecutivas y un margen considerable para dirigir la Administración y establecer sus prioridades diplomáticas y de seguridad. Además, puede vetar las leyes aprobadas por las cámaras, y superar ese veto exige una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Los demócratas tendrán, por tanto, capacidad para investigar, supervisar, negociar y condicionar determinadas decisiones, pero no podrán sustituir automáticamente la autoridad presidencial.
Es previsible que los próximos dos años estén marcados por investigaciones, disputas presupuestarias y enfrentamientos en torno a Venezuela, la política migratoria, la guerra con Irán, la relación con China y los compromisos de seguridad con Europa. Algunas decisiones de Trump podrán quedar sometidas a un mayor escrutinio o encontrar obstáculos para su desarrollo. Otras dependerán de la capacidad de ambas partes para negociar y de los instrumentos institucionales que estén dispuestas a utilizar. Sería prematuro, en cualquier caso, interpretar el cambio de mayorías como el comienzo de una transformación profunda de la estrategia internacional estadounidense.
La pregunta relevante no es únicamente cuánto puede cambiar la política exterior durante los próximos dos años, sino también qué decisiones estaría dispuesto a revertir el partido que ahora asume el control del Congreso y cuáles terminaría aceptando, manteniendo o incluso desarrollando por considerarlas convenientes para los intereses nacionales.
Lo que permanece cuando cambia el poder
La alternancia política es una de las características fundamentales de la democracia estadounidense. Republicanos y demócratas representan tradiciones políticas diferentes, mantienen posiciones divergentes sobre cuestiones económicas y sociales y ofrecen visiones distintas sobre el papel que debe desempeñar Estados Unidos en el mundo. Sería equivocado equipararlos o considerar que sus diferencias son meramente superficiales.
La reacción de Donald Trump ante la perspectiva de un Congreso controlado por los demócratas no se hizo esperar. Antes de las elecciones anunció que, si perdía las mayorías parlamentarias, se convertiría en «Mr. Veto», dispuesto a bloquear las iniciativas de la oposición hasta forzar una negociación. La expresión tiene algo de desafío político, pero también recuerda que la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo forma parte de los mecanismos de equilibrio institucional del sistema estadounidense. El veto puede convertirse en un instrumento de presión, aunque no elimina la capacidad del Congreso para investigar, fiscalizar y condicionar la acción del Gobierno.
Sin embargo, más allá de ese pulso institucional, sería ingenuo interpretar cada cambio de Administración como una ruptura completa con la anterior. La política exterior de una gran potencia está condicionada por intereses estructurales que no desaparecen con una derrota electoral: la seguridad energética, el control de espacios estratégicos, la competencia tecnológica, la superioridad militar y la capacidad de influencia económica y diplomática.
En ocasiones, estos intereses se expresan mediante instrumentos distintos y discursos incluso contrapuestos. Una Administración puede recurrir a la diplomacia multilateral mientras otra privilegia la presión económica o la coerción. Una puede defender las alianzas tradicionales y otra cuestionar abiertamente sus condiciones. Pero la divergencia en los métodos no implica necesariamente una discrepancia equivalente en los objetivos.
La evolución de las relaciones entre Estados Unidos y China, la continuidad de determinadas políticas de vigilancia y seguridad o las distintas estrategias de control migratorio muestran que algunas decisiones sobreviven a quienes las adoptaron. Venezuela y Groenlandia ofrecen ahora nuevos escenarios para observar hasta dónde llegan esas continuidades y dónde se sitúan los límites de la discrepancia partidista.
Quizá por eso la referencia a El Gatopardo resulta tan pertinente. En Washington pueden cambiar los inquilinos de la Casa Blanca, las mayorías del Congreso y hasta el lenguaje con el que se justifica la actuación internacional. Pueden producirse derrotas electorales, investigaciones parlamentarias y enfrentamientos institucionales de gran intensidad. Sin embargo, cuando determinados intereses económicos y geopolíticos están en juego, la alternancia puede terminar siendo menos una ruptura que una nueva forma de administrar la continuidad.
La cuestión, por tanto, no es si Estados Unidos cambia con cada elección. Evidentemente, cambia. La cuestión es identificar qué está dispuesto a cambiar y, sobre todo, qué considera irrenunciable.
Porque, como sugería Lampedusa, a veces el cambio más visible es precisamente el que permite que lo esencial permanezca.
