Hay una paradoja en la forma de hacer política que cada vez resulta más difícil ignorar. Nunca se han tenido tantas herramientas para conocer el presente y anticipar el futuro, y, sin embargo, siguen gobernando con una extraordinaria dependencia del corto plazo. Se disponen de más datos, más capacidad de análisis, más modelos de predicción y más conocimiento sobre las consecuencias económicas, sociales o ambientales de nuestras decisiones. Pero las democracias continúan sometidas, en buena medida, a los ritmos de las elecciones, las encuestas, las crisis inmediatas y una opinión pública que cambia a una velocidad que las instituciones difícilmente pueden seguir.
El problema no es que el futuro sea imprevisible. Lo ha sido siempre. El problema es que estamos en una época en la que las decisiones que tomamos hoy transforman con una rapidez extraordinaria las condiciones en las que vivirá una sociedad dentro de diez, veinte o treinta años. La política, sin embargo, sigue pensando muchas veces en legislaturas. Y parecemos dar saltos hacia atrás, luego hacia delante para ir de nuevo hacia atrás en cuestión de 4 años, haciendo muy complicado cierta continuidad dejando tiempo al tiempo para analizar de forma correcta ciertas decisiones más a largo plazo.
Esa contradicción no es nueva, pero está adquiriendo una dimensión diferente. Una decisión política puede tomarse en cuestión de meses y sus consecuencias permanecer durante décadas. Un cambio regulatorio, una política energética, una inversión tecnológica, una guerra comercial o una decisión sobre infraestructuras pueden modificar profundamente la posición de un país durante mucho más tiempo que el mandato de quien las adopta. También puede ocurrir lo contrario: que una sociedad cambie de opinión con enorme rapidez y que sus instituciones necesiten años para corregir el rumbo.
La historia reciente ofrece ejemplos en ambas direcciones. El Reino Unido ha vivido en pocos años una extraordinaria inestabilidad política desde el referéndum del Brexit, con cuatro primeros ministros entre 2016 y 2022. En otros lugares, decisiones políticas adoptadas bajo liderazgos mucho más prolongados han producido transformaciones cuyos efectos trascienden ampliamente un ciclo electoral. No se trata de comparar sistemas o líderes que no son comparables, sino de observar una cuestión más profunda: la velocidad con la que una sociedad puede tomar una decisión no siempre coincide con la velocidad con la que puede modificar sus consecuencias. Y ahí aparece una pregunta que será cada vez más difícil evitar: ¿qué significa gobernar cuando el horizonte temporal de la tecnología, de la economía y de la información es mucho más rápido que el de las instituciones?
Durante buena parte del siglo XX, las sociedades democráticas construyeron sus sistemas políticos sobre un determinado ecosistema de información. Había periódicos, radio y televisión. Existían intermediarios reconocibles entre los acontecimientos y los ciudadanos. La información podía ser abundante o escasa, rigurosa o manipulada, pero su producción estaba relativamente concentrada y su circulación tenía límites físicos y temporales. Ese mundo ya no existe.
En apenas dos décadas hemos pasado de consultar la información a recibirla constantemente; de esperar las noticias a vivir dentro de ellas; de ser principalmente receptores a convertirnos también en productores. Un teléfono móvil permite hoy escribir, fotografiar, grabar, editar, traducir, emitir en directo y distribuir una información a millones de personas desde prácticamente cualquier lugar. La palabra, la imagen, la música y la voz han dejado de pertenecer exclusivamente a quienes disponían de los medios para producirlas. Pero, ¿podemos hablar de información legítima, sin sesgo y contrastada? Además que tampoco es necesario que haya siempre un ser humano detrás de aquello que vemos.
Los algoritmos seleccionan y ordenan contenidos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden producir textos, imágenes, voces y vídeos indistinguibles, en determinados contextos, de los creados por personas. Los bots pueden participar en conversaciones públicas. Las plataformas pueden decidir qué aparece primero, qué desaparece rápidamente y qué consigue nuestra atención durante horas. La transformación, por tanto, no consiste únicamente en que tengamos nuevas tecnologías. Estamos modificando el propio entorno en el que se forman las opiniones políticas. Esta cuestión es mucho más importante que la posibilidad de que alguien publique una noticia falsa. La desinformación ha existido siempre. Lo verdaderamente nuevo es la capacidad de producirla, personalizarla y distribuirla a una escala y con una velocidad que antes no eran posibles.
El Brexit fue uno de los primeros grandes episodios europeos en los que pudimos observar con claridad hasta qué punto las campañas políticas habían entrado ya en esta nueva lógica. Algunas afirmaciones engañosas o difícilmente verificables circularon masivamente en redes sociales y fueron incorporadas al debate público; la arquitectura de las plataformas favoreció determinados contenidos emocionales y altamente compartibles. No significa que el resultado del referéndum pueda explicarse por las redes sociales ni que toda la campaña fuese una operación de manipulación. Significa algo más incómodo: la frontera entre información, propaganda, persuasión y participación ciudadana se había vuelto mucho más difícil de distinguir. Desde entonces, la tecnología ha seguido avanzando.
Shoshana Zuboff describió cómo la economía digital había convertido la experiencia humana en una fuente extraordinaria de datos con los que anticipar y orientar comportamientos. La cuestión política que se desprende de su análisis es difícil de esquivar: si conocer nuestras preferencias, nuestros hábitos y nuestras reacciones tiene un valor económico y político creciente, ¿quién controla ese conocimiento y con qué límites? La inteligencia artificial lleva esta pregunta a un nivel diferente. Porque una cosa es disponer de una tecnología que amplía nuestras capacidades y otra muy distinta vivir en un entorno en el que buena parte de la información que recibimos, de las decisiones que se nos ofrecen y de los contenidos que condicionan nuestra atención están mediados por sistemas que no siempre comprendemos. Esto introduce un problema nuevo para la democracia: la responsabilidad.
Estamos acostumbrados a pedir responsabilidades a un político por una decisión, a un periódico por una información o a una institución por una política pública. Sabemos, al menos en teoría, quién responde ante quién. Pero ¿a quién se exige responsabilidad cuando una decisión es resultado de un sistema algorítmico? ¿Al programador? ¿A la empresa que lo desarrolla? ¿A quien lo utiliza? ¿A la plataforma que lo incorpora? ¿Al Estado que lo regula —o que decide no regularlo—? No son preguntas técnicas. Son preguntas políticas.
Y tampoco son exclusivamente occidentales.
En Europa, China y las sociedades del Sudeste Asiático se están desarrollando modelos diferentes de relación entre Estado, tecnología, empresas y ciudadanos. No todos parten de las mismas tradiciones políticas ni conceden el mismo valor a la privacidad, la autonomía individual, la regulación o la capacidad del Estado para intervenir sobre el ecosistema digital. China representa una experiencia especialmente relevante porque ha entendido desde hace tiempo que la tecnología no es únicamente una cuestión económica, sino también una cuestión de soberanía y poder.
El debate asiático resulta interesante precisamente porque obliga a Europa a mirar más allá de sí misma. Mientras Europa discute cómo proteger sus valores y derechos dentro de la revolución tecnológica, otras potencias están intentando definir las reglas de esa revolución desde posiciones diferentes. La competencia tecnológica, por tanto, no será solamente una carrera por producir mejores sistemas de inteligencia artificial. Será también una disputa sobre qué modelo de sociedad queremos construir alrededor de ellos. Y en esa disputa hay una dimensión generacional que quizá sea todavía más profunda.
Los niños y jóvenes que hoy crecen rodeados de pantallas, plataformas, inteligencia artificial y comunicación instantánea no tendrán la misma relación con la información que tuvieron sus padres. Para ellos, la tecnología no es una herramienta que llegó después de la vida analógica. Es parte del mundo en el que han aprendido a comunicarse, informarse, relacionarse y construir su identidad. Serán ellos quienes dentro de veinte o treinta años voten, gobiernen, legislen, dirijan empresas y tomen decisiones sobre cuestiones que hoy apenas comenzamos a comprender. La pregunta no es, por tanto, si ellos serán capaces de adaptarse a la tecnología. La pregunta es qué tipo de ciudadanía desarrollarán dentro de ella.
La democracia liberal nació en sociedades donde la información era relativamente escasa y donde adquirir conocimiento exigía, en muchos casos, tiempo y esfuerzo. Leer un periódico, consultar varias fuentes, acudir a una biblioteca o mantener una conversación política requería una determinada disposición intelectual. Hoy podemos acceder a una cantidad prácticamente infinita de información en segundos. Y dicha información no siempre se recibe con unos pilares intelectuales y sentido crítico que lo sepan analizar. Así pues, disponer de más información no significa necesariamente comprender mejor el mundo.
Puede ocurrir incluso lo contrario. Cuando todo está disponible al mismo tiempo, distinguir lo importante de lo irrelevante se convierte en una capacidad política. Cuando cualquier persona puede producir una imagen, una voz o un vídeo convincente, verificar su autenticidad deja de ser una cuestión reservada a periodistas o especialistas y se convierte en una competencia ciudadana básica. Y cuando los sistemas tecnológicos conocen nuestras preferencias mejor de lo que nosotros mismos somos capaces de explicarlas, conservar una cierta autonomía intelectual puede convertirse en uno de los grandes desafíos de la ciudadanía del siglo XXI. Esto obliga también a reconsiderar qué entendemos por libertad. Ese término tan usado hoy en discursos de políticos internacionalmente. Durante mucho tiempo pensamos la libertad de expresión como la posibilidad de decir lo que uno piensa. Pero en un entorno digital la cuestión es más compleja: también importa quién consigue ser escuchado, qué información llega a cada persona, qué contenidos son amplificados y qué criterios determinan esa distribución. No todos los ciudadanos están necesariamente ante el mismo mundo informativo. No todos los ciudadanos registran del mismo modo la información.
La información que recibe una persona puede estar condicionada por su edad, su posición económica y social, el lugar donde vive, sus relaciones sociales, su bagaje intelectual y de vida, sus búsquedas anteriores o sus preferencias políticas. La realidad común sobre la que una democracia necesita deliberar puede fragmentarse así en múltiples realidades parciales. El riesgo no es solamente que algunos ciudadanos crean cosas falsas. Es que cada vez resulte más difícil ponerse de acuerdo siquiera sobre cuáles son los hechos que debemos discutir. Y esto nos devuelve al principio de todo gobierno: la capacidad de decidir pensando más allá del presente.
Gobernar el futuro no significa adivinarlo. Significa observar con suficiente lucidez las transformaciones que ya están ocurriendo para no llegar tarde a sus consecuencias. Significa preguntarse qué sucederá con el trabajo cuando la inteligencia artificial transforme profesiones enteras; qué ocurrirá con la educación cuando acceder a cualquier respuesta deje de ser el principal problema; cómo cambiará la relación entre ciudadanos y gobiernos cuando las plataformas tengan una capacidad de conocimiento sobre la sociedad que antes solo tenían los Estados; qué sucederá con la soberanía cuando las infraestructuras digitales esenciales estén controladas por empresas capaces de operar por encima de las fronteras nacionales.
Y significa aceptar que algunas de las decisiones más importantes del futuro probablemente no se presentarán como grandes decisiones históricas. Llegarán en forma de regulaciones, inversiones, estándares tecnológicos, sistemas educativos, acuerdos internacionales o decisiones empresariales que, tomadas por separado, parecerán técnicas y que, juntas, acabarán definiendo el tipo de sociedad en el que viviremos. Por eso la pregunta del título —¿quién gobernará el futuro?— no se refiere únicamente a quién ocupará una presidencia o ganará unas elecciones. Se refiere a quién tendrá capacidad para establecer las condiciones en las que las sociedades del futuro tomarán sus propias decisiones. Serán los Estados, sin duda. Pero también las instituciones supranacionales, las empresas tecnológicas, los desarrolladores de inteligencia artificial, los ciudadanos y, cada vez más, sistemas capaces de intervenir en la producción y circulación de información sin ser sujetos políticos en el sentido tradicional.
El poder se está desplazando hacia espacios que nuestras instituciones democráticas todavía no saben siempre cómo delimitar. Y quizá ese sea el verdadero desafío de nuestro tiempo. No decidir si queremos tecnología o no —esa discusión llega demasiado tarde—, sino decidir qué límites, qué responsabilidades y qué valores queremos incorporar a la tecnología que ya está transformando nuestras sociedades. Las democracias han sobrevivido a grandes revoluciones económicas, industriales y sociales porque fueron capaces de adaptar sus instituciones sin renunciar a aquello que las hacía democracias. La revolución tecnológica no será diferente en ese sentido. Pero exigirá algo que no siempre caracteriza a la política: capacidad para pensar más allá de la próxima elección. Las generaciones que vienen no heredarán exactamente el mundo que nosotros recibimos. Heredarán el resultado de nuestras decisiones sobre él. Por eso gobernar el futuro no consiste en saber qué ocurrirá mañana. Consiste en comprender que algunas decisiones tomadas hoy determinarán quién podrá decidir mañana.
Y quizá esa sea la última responsabilidad de una generación política: no gobernar para el tiempo que le pertenece, sino para el mundo que dejará cuando ya no esté en el poder.
Anexo reflexivo
Y hay una última cuestión que quizá merezca la pena dejar abierta.
Hace unas semanas, en un artículo de prensa un librero catalán contaba la historia de que comenzó a detectar compras inusuales de libros descatalogados. No eran lectores ni coleccionistas quienes los buscaban. Detrás había empresas tecnológicas interesadas en incorporar esos libros a los sistemas de inteligencia artificial. Los ejemplares, incluso, eran desmontados y destruidos para poder escanear sus páginas con mayor rapidez. Libros de biología, enfermería, arquitectura, literatura, manuales técnicos… conocimiento que quizá apenas encontraba ya lectores, pero que conservaba un valor extraordinario como materia prima para alimentar una máquina. No era simplemente digitalizar un libro para que pudiera seguir siendo leído. Era otra cosa: convertir el libro en datos. Estos datos serán administrados a los que busquen determinada información filtrados ya por los sistemas de inteligencia artificial. El lector no leerá la fuente inicial de la información sino que ya será aplicada a un criterio sin dejar que los humanos reciban lean y analicen la materia prima de lo que deseen consultar.
Y ahí aparece una pregunta que conecta de nuevo con todo lo anterior. Durante siglos, el conocimiento quedó depositado en libros, bibliotecas, archivos y universidades que podían ser consultados directamente por las generaciones que venían después. Hoy estamos construyendo sistemas capaces de absorber una parte de ese conocimiento y devolvérnoslo convertido en respuestas. Pero, si cada vez acudimos menos a las fuentes originales y confiamos más en la respuesta que una inteligencia artificial construye a partir de ellas, ¿quién decide qué conocimiento llega hasta nosotros? ¿Qué queda fuera? ¿Qué se considera relevante? ¿Qué sesgos se incorporan en ese proceso? Y, sobre todo, ¿qué ocurrirá cuando las generaciones que han crecido con estas tecnologías ya no perciban la consulta de una fuente como el primer paso para conocer algo, sino como un procedimiento innecesariamente lento?
Tal vez la cuestión no sea solamente quién gobernará el futuro, sino también quién tendrá capacidad para construir el conocimiento desde el que ese futuro será comprendido. No es una conclusión. Es una pregunta. Y quizá sea precisamente ahí donde empiece otro debate.
BGD
